¿Qué hay detrás de la controversia mediática y educativa sobre la descalificación de Argentina en estas pruebas estandarizadas?
¿Cuál es el carácter de estas pruebas y quiénes las promueven?
¿Quién es el que evalúa?
Las pruebas PISA constituyen un mecanismo de evaluación y ranking educativo internacional que se instrumenta desde el año 2000. Este mecanismo y la elaboración del respectivo ranking internacional son promovidos por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Más allá de sus propósitos declarados, vinculados explícitamente a promover “la economía de mercado”[1], las políticas que este organismo internacional impulsa desde hace más de medio siglo tienen una clara perspectiva: la ampliación de las políticas privatistas, la preponderancia de las empresas multinacionales y los organismos de crédito en la economía mundial. Para la elaboración de este ranking, se establecen una serie de evaluaciones externas y estandarizadas, sumamente cuestionadas no sólo por su trasfondo político, sino además por su eficacia y validez como instrumento de medición presuntamente “objetivo”.
Según la propia OCDE, “El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países”[2]. Más allá del florido lenguaje, tributario del neoliberalismo, las políticas educativas de la OCDE han sido aplicadas de manera intensiva en países latinoamericanos como México y Colombia, generando un creciente grado de privatización, desregulación y arancelamiento para los estudiantes. A su vez, en estos países se han atacado fuertemente los derechos laborales de los trabajadores de la educación, como la estabilidad y acceso a los cargos, siendo tal vez el caso de México el más conocido por el rechazo masivo a estas políticas, en el marco de las cuales se generaron numerosas protestas populares. Como parte de la reacción ante las rebeliones estudiantiles y docentes, el estado mexicano es señalado en todo el mundo por haber llevado a cabo la desaparición forzada de 43 normalistas en Ayotzinapa en 2014 y el crimen de varios docentes en movilizaciones, como los ocurridos a principios de 2016, con el saldo de 8 manifestantes asesinados por la represión.
Actualmente el ranking que establecen las pruebas PISA lo lidera Singapur, un archipiélago-estado que no solo es famoso por esta medición para nada neutral, sino también por el alto grado de apertura comercial, de privatización y descentralización educativa, arancelamiento de la educación superior, y por ser pionero del neoliberalismo entre otros “Tigres” del llamado Sudeste Asiático. Las pruebas PISA, lejos de ser un mero instrumento técnico, carecen de toda objetividad e inocencia: son una escuela viva de la meritocracia.
La polémica por la exclusión de Argentina del ranking
“La Argentina fue excluida del ranking de países. La razón tiene que ver con fallas graves en la metodología de la confección de la muestra”, señaló hoy el analista en sistemas y Ministro de Educación nacional, esteban Bullrich. Los reproches cruzados entre la actual gestión de la cartera educativa y la anterior versan sobre el motivo de la exclusión de nuestro país entre aquellos que son calificados por la OCDE en sus evaluaciones. La acusación más o menos explícita que hacen desde Cambiemos y varios multimedios afines al actual gobierno hacia la gestión kirchnerista es la de manipular la muestra seleccionada en la evaluación del año 2015 para adulterar las estadísticas… Adulteración estadística que, por cierto, cuenta con antecedentes en la gestión saliente. A su vez, desde el kirchnerismo contraatacan sosteniendo que la exclusión de Argentina del ranking obedece a una intencionalidad política, que consistiría en que dicho organismo no desea publicar los resultados de la evaluación 2015, ya que contendrían una mejora comparativa con muestras previas. Quienes aplicaron las pruebas PISA siendo gestión en el Ministerio de Educación, ahora señalan la –totalmente real- falta de imparcialidad de la OCDE y el carácter “descontextualizado” de las pruebas, hecho que desde muchos sindicatos docentes, como es un caso claro Ademys, venimos denunciando desde hace años. Más allá del fuego cruzado entre la actual gestión, de cuño más abiertamente privatista y empresarial, y la demagogia argumentativa del exministro Sileoni e intelectuales afines, lo que ninguno de estos actores señala es el carácter colonizador y mercantilista de las evaluaciones externas y estandarizadas PISA y de los lineamientos de la OCDE.
La necesidad de abrir el debate sobre las evaluaciones externas y estandarizadas
Las evaluaciones externas y estandarizadas que vienen realizándose en nuestro país desde hace alrededor de una década, incluidas las pruebas PISA o el reciente operativo “Aprender 2016”, poseen características en común. Son elaboradas y llevadas a cabo desde fuera de las instituciones educativas, la mayoría de las veces poseen un carácter “cerrado” en sus preguntas, su contenido es igual indistintamente del contexto escolar y social donde se apliquen… y son un requerimiento de organismos internacionales de crédito. Es indispensable realizar una lectura donde veamos la coherencia entre la forma y el contenido de estas evaluaciones, como también la finalidad nada inocua de quienes las promueven. La aplicación de estas evaluaciones suele venir atada a lineamientos para modificar los sistemas educativos en clave flexibilizadora: a las evaluaciones por mérito, las acompañan los rankings de escuelas para promover la competencia entre ellas y ensanchar la desigualdad social y educativa; a los resultados de las pruebas, se le pretende añadir una política de “premios y castigos”, apuntando contra los docentes en tanto individuos para responsabilizarlos de una crisis estructural de nuestros sistemas educativos, vaciados y fragmentados por los mismos que “desde fuera” tratan de evaluarnos.
Más allá de las acusaciones entre los cuadros privatistas de la actual gestión y la verborragia oportunista de los funcionarios salientes, la desprolija exclusión de Argentina de las pruebas PISA debe servir para cuestionar un modelo de evaluación que apunta a profundizar la fragmentación y el vaciamiento educativo. Con o sin manipulación estadística, las pruebas PISA y las evaluaciones externas promovidas desde los organismos internacionales merecen nuestro rechazo. Así lo expresan las posiciones debatidas y asumidas desde nuestro sindicato; así se manifestaron infinidad de docentes, estudiantes y familias ante el reciente operativo “Aprender”, cuya aplicación fue resistida en diversos puntos del país.
Desde Ademys creemos que esta ocasión es propicia para abrir el debate acerca de la implicancia de estos mecanismos de evaluación externa, que son abiertamente contrarios a un sistema educativo público, estatal, único y nacional.
[1] Ver algunos de los propósitos enunciados en https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf
[2] Ver en https://www.oecd.org/pisa/publicacionesdepisaenespaol.htm