Represión en las calles, silencio en las aulas: el intento del gobierno de censurar a la docencia

En menos de diez días, los docentes fuimos reprimidos dos veces. A su vez, se intenta  estigmatizarnos desde los medios de comunicación afines al gobierno. La ofensiva oficialista se completa con resoluciones unilaterales de los funcionarios: ninguneo de los ámbitos de discusión salarial, comunicados que plantean restricciones sobre el abordaje de contenidos “concernientes a la realidad social”, eliminación de jornadas sobre Educación Sexual Integral e intento de “recuperar” días por paro. La docencia sigue resistiendo los golpes policiales y la mordaza administrativa.

 

De eso no se habla

Por medios electrónicos y con fecha de emisión en el día 17 de abril del corriente año, llegó a varias escuelas porteñas la Comunicación Nº 125 proveniente de la Dirección del Área Primaria del Ministerio de Educación porteño. La comunicación tiene por título “S/Actividades alegóricas a la realidad social relacionadas con el sistema educativo”. Este correo, cuya redacción es intencionalmente confusa y ambigua, no llega en cualquier momento: se emite en un contexto donde la docencia porteña lleva más de 10 días de paro acumulados en un mes y medio, y a poco menos de una semana de un hecho de represión policial sobre docentes como el que ocurrió el día domingo 9 de abril. Es en ese contexto, y luego de verdaderas operaciones mediáticas denunciando una supuesta “politización en las aulas”, cuando con un gran sentido de la oportunidad entra en escena la comunicación firmada por el funcionario Marcelo Bruno. Mediante ésta se realiza una poco entendible solicitud a la docencia: plasmar por escrito los objetivos pedagógicos de las actividades “concernientes a la realidad social” que se aborden. Se aclara: deben estar “encuadradas en los lineamientos curriculares del Área de Formación Ética y Ciudadana y respondiendo al Proyecto Institucional discutido por todos los docentes, reforzando los deberes y derechos que tiene todo ciudadano en un sistema democrático”. Un pedido que podría parecer por cierto absurdo o bien una verdad de Perogrullo, ya que toda acción docente –y no solo la concerniente a la “realidad social”- debe estar enmarcada en objetivos pedagógicos previamente estipulados. Pero ocurre además, que dicho “encuadre” parte de una lectura entre superficial y sesgada del propio Diseño Curricular vigente (Res. 365 y 4138 de la entonces Secretaría de Educación; GCBA, 2004). Sucede que en dicho documento curricular -que pese a muchas limitaciones y señalamientos posibles, es el que se encuentra en uso para enmarcar qué contenidos enseñar y desde qué enfoque- el abordaje de la realidad social excede ampliamente al área de Formación Ética y Ciudadana, y su problematización y trabajo en las aulas es una obligación que escapa a cualquier formulario previo. Como corolario de una semana donde varios docentes fueron, primero, gaseados en el Puente Pueyrredón y luego apaleados y detenidos en la instalación de una carpa sobre la vereda, el gobierno porteño se enreda en una resbaladiza comunicación que trata de restringir el estudio del conflicto social, entre ellos el conflicto docente, en centenares de aulas de nuestra ciudad. Con un lacónico correo que cabalga entre la confusión intencional y la sugestión, el gobierno porteño transita el peligroso camino de la censura. Enfatiza encarar la labor sobre los “deberes”, y luego sobre “los derechos” de la ciudadanía, en una semana donde justamente el derecho a la protesta fue atacado gravemente. Al discurso mediático y de muchos funcionarios que legitimaron la represión a los trabajadores de la educación, se le añade la condena periodística y luego el intento de restricción administrativo para quienes desarrollan una mirada crítica sobre la realidad circundante.

“El currículum oculto” y lo que quieren ocultar de la currícula

El 26 de febrero y el 15 de diciembre de 2004 se publicaron, respectivamente, las mencionadas resoluciones Nº 365 y 4138 de la entonces Secretaría de Educación porteña. Con ellas se ponían en vigencia, en ese orden, los Diseños Curriculares para Primero y Segundo ciclo de la Escuela Primaria, reemplazando el diseño curricular de 1986 y sus actualizaciones. Estos diseños pueden y deben ser leídos críticamente y no están exentos de limitaciones. Entre ellas puede señalarse cierto eclecticismo en el marco teórico y una relativa falta de precisión en términos taxativos en cuanto a algunos contenidos y temas a enseñar. Sin embargo, estos documentos poseen aciertos elementales, como por ejemplo centrar la enseñanza de las Ciencias Sociales en conceptos y no en un calendario de efemérides atemporales y carentes de relación causal; además, se concibe como central no solo el estudio de cambios y permanencias, sino el papel del conflicto social en la historia y los diferentes intereses de distintos sectores en disputa. A su vez, en el área Prácticas del Lenguaje, como ejemplo de entender la lengua y el habla en función de la comunicación y no estáticamente, se despliega con profundidad como contenido la llamada “lectura crítica de la prensa”, para la cual se destina no solo un apartado en el documento (Págs. 674 a 681 inclusive; DC para Segundo Ciclo, tomo 2) sino que se la prescribe como “práctica habitual” al menos desde 5º grado (ver Pág. 650, Ídem.). Además de tener en cuenta este enfoque en el tratamiento de las áreas mencionadas, en Formación Ética y Ciudadana, el Diseño Curricular propone abordar explícitamente estos contenidos. En la perspectiva “Educación por la Paz y los derechos humanos”, para abordar proyectos transversales, se enuncia: “En la vida social siempre aparecen diferentes tipos de conflictos. Su adecuada resolución puede servir para avanzar hacia condiciones de mayor igualdad, justicia y reconocimiento para todos los involucrados. La negación de los conflictos o su resolución violenta puede derivar en condiciones más injustas de vida o en la negación de derechos básicos”.  Cabe señalar esto, que las y los docentes sabemos, porque la comunicación nº 125 de la DEP parece no tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la finalidad de una comunicación que emite obviedades, como pensar sobre los objetivos pedagógicos de una intervención docente, y a la vez omite verdades profundas, como el carácter transversal del análisis de la realidad social? ¿Qué relación tiene esta especie de pedido de explicaciones a la docencia, con las campañas mediáticas de matutinos como La Nación, Infobae o canales como América, que montaron verdaderas operaciones para atacar a los educadores que abordaron en las aulas críticamente la cobertura realizada por dichas empresas informativas? Cuesta leer estos dos elementos aisladamente. El gobierno que ordena la represión en las calles, promueve el silencio en las aulas.

Cualquier docente sabe acerca de los mecanismos institucionales en un ámbito que muchas veces se torna verticalista como nuestro sistema educativo: una notificación oficial circula y es firmada por el personal. A lo escueto y confuso del mensaje, le suceden las interpretaciones. A nadie le cuesta imaginar que detrás de este correo, sobrevendrán autocensuras o restricciones “para evitar problemas”, mediante las cuales, muchos pretenderán obviar temas “problemáticos” en el recorte realizado. El llamado “currículum oculto”, consistente en prácticas, contenidos y metodologías paralelos, es engordado por medidas como ésta. La currícula oficial, que plantea como ejes centrales el conflicto social y la lectura crítica de la prensa y los medios masivos, se ve rebanada en gruesas tajadas por la carga de infantería de los monopolios de prensa y los funcionarios. Lo mismo que los maestros y los trabajadores cuando se manifiestan.

El pensamiento único como única idea

La pobreza de cuadros en educación de la actual gestión de Cambiemos es suplida con bastante eficacia por una proliferación de técnicos (y tecnócratas) que desconocen qué es un aula, pero dominan algunos aspectos sobre la economía de mercado. Desde allí, prescriben recetas apabullantes: eliminación de los derechos presentes en los estatutos docentes, alineamiento con los organismos internacionales de crédito y comercio para imponer la evaluación estandarizada (políticas del Banco Mundial y la OCDE), supresión de los concursos públicos y del escalafón docente y su reemplazo por una política de “premios y castigos” que fomente la competencia en clave mercantil, y sigue la lista. La “selección y permanencia” de la docencia, su ascenso y remuneración, deben ser controlados “a dedo”, según este esquema. El sistema de concursos y el escalafón, más allá de las distorsiones e innegables problemas que padecen, quieren ser borrados por Cambiemos. Cabe señalar que en esta tarea, la actual gestión cuenta con la simpatía de los gobernadores provinciales de diversas fuerzas políticas. La imposición de un modelo educativo basado en paradigmas de mercado en su marco regulatorio, pero también en su contenido, es una perspectiva que implica mirarse en espejos como el de Chile, Colombia o México, donde el carácter público de la escuela, incluso de la estatal, es cada vez más limitado.

La avanzada en términos salariales, con planteos unilaterales y autoritarios del gobierno que niegan la discusión paritaria y dejan al sueldo un tercio debajo de la inflación, se realiza invocando el “diálogo”. Esa ofensiva, que no culmina en el ajuste salarial sino que aspira a cuestionar condiciones laborales mucho más profundas, tiene como correlato una ofensiva ideológica: el “negacionismo” sobre el terrorismo de estado, la justificación argumentativa de la represión a la protesta social, los intentos de censurar las críticas a dicha represión no solo desde los medios masivos sino desde las aulas, o la reciente eliminación de las jornadas de Mejora Institucional (las pocas instancias de reflexión colectiva que los docentes teníamos dentro de las escuelas) y de aquellas destinadas a abordar de manera sistemática la ESI (Ed. Sexual Integral) con la excusa de “recuperar días perdidos por los paros” de esa manera (ver Comunicación Nº 81 de la DGEGE).

Ante todo esto, la docencia ha mostrado una gran capacidad de lucha. Con diversas medidas de fuerza, pero también tomando creativamente en sus manos la difusión de este conflicto en clases públicas, volanteadas y festivales. La pelea por una escuela pública donde la circulación de la palabra no esté restringida por el gobierno, es una tarea de primer orden. La defensa de la libertad de enseñar y aprender debe ser puesta entre nuestros derechos más valorados. Ante la ofensiva privatista de los gerentes y CEOs, quienes defendemos la perspectiva de una escuela para los trabajadores y trabajadoras, tenemos que apostar con firmeza a resistir.  

Mariano Garrido – Secretaría de Asuntos Pedagógicos, ADEMYS

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