En 2010, la fecha conocida como Día de la Raza que conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América, cambió su denominación por la del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” gracias a la lucha de los pueblos originarios y su defensa del derecho a ejercer su propia cultura e identidad. Este cambio de paradigma suponía dejar atrás la conmemoración de la conquista de América y comenzar a valorar la variedad de culturas que aportan a la construcción de nuestra identidad.
Sin embargo, el discurso falaz y supuestamente indigenista por parte del Estado y sus instituciones se da de bruces con la realidad. La persecución, los desalojos y los crímenes son moneda corriente. A pocos días del 12 de octubre, en un operativo conjunto, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Especial de Río Negro iniciaron el desalojo violento de los predios donde permanecen miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi deteniendo arbitrariamente a siete mujeres mapuches, algunas de ellas trasladadas a miles de kilómetros de su comunidad, otras con sus bebes y una de ellas embarazada.
La cuestión de fondo es la misma siempre: el dominio de los territorios para grandes negocios inmobiliarios y proyectos capitalistas mientras las comunidades, mapuches en este caso, exigen su derecho preexistente a asentamiento en esos territorios.
Y lo mismo ocurre con otras comunidades. El divorcio entre el discurso y la realidad explica las miles de hectáreas desmontadas durante los últimos veinte años en el Chaco, por ejemplo, que provocó la expulsión de los pueblos originarios. En el mismo sentido, la falta de agua potable afecta a muchas comunidades aborígenes y es un reclamo histórico en el NEA y en el NOA. Por nombrar sólo un ejemplo, la comunidad Wichi de Pocitos, reclama desde 2015 el acceso al agua potable. Ante la falta de respuesta, durante la pandemia se organizaron para reclamar. La repuesta estatal no tardó en llegar: fueron reprimidos brutalmente y luego aislados a más de 400 kilómetros como medida para la prevención del COVID para ser luego liberados.
Todos los Estados Nación se han constituido sobre la base del capitalismo, la defensa de la propiedad privada y del genocidio de los pueblos originarios.
La resistencia de los movimientos sociales indígenas le arrancó a los Estados el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos que se expresaron en pactos internacionales y reformas constitucionales en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, son letra muerta, dado que no se implementan políticas públicas que garanticen efectivamente esos derechos.
Esto sucede porque el modelo extractivista choca con el derecho de acceso a la tierra de los pueblos originarios y reactualiza conflictos históricos en relación a su posesión que se traducen en represión, violencia y homicidios contra los pueblos originarios e impunidad de las fuerzas represivas.
La respuesta estatal a los reclamos indígenas pivotea desde la invisibilización – recordemos la triste frase de Alberto Fernández: “los argentinos descendemos de los barcos” y medidas judiciales que favorecen el interés privado, hasta la represión, la criminalización y el asesinato.
Desigualdad y educación
Las desigualdades económicas afectan profundamente a los pueblos originarios y tienen su origen en la marginación social y política histórica, consecuencia de una estratificación social racista y discriminatoria, que tiene su correlato en la actualidad.
También es una deuda, el derecho al acceso a una educación respetuosa de las diversidades étnico culturales, con participación efectiva de las comunidades en su diseño e implementación, que contemple sus sistemas de valores y que responda a sus necesidades particulares. Es preciso asegurar un currículo intercultural y bilingüe.
Sumado a esto, las comunidades no cuentan con escuelas cercanas y les niñes indígenas se ven obligados a recorrer grandes distancias para poder estudiar – además de la falta de recursos materiales y de trabajo para docentes bilingües.
La colonización de América ha dejado como resultado también un genocidio lingüístico ya que a través del proceso homogeneizador se impuso una única forma de cultura e identidad.
En Argentina hay casi 600 pueblos indígenas diferentes y hablan entre 15 a 18 lenguas que son preexistentes al Estado Nación. Estas lenguas, lejos de ser minoritarias, han sido lentamente erradicadas y reemplazadas por lenguas de “mercado” como lo es el español en nuestro territorio.
Este 12 de octubre valoricemos la diversidad cultural desde las aulas y reivindiquemos la lucha de los pueblos originarios por la recuperación de sus tierras y el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. La lucha de los pueblos originarios es la lucha de la clase obrera por un sistema diferente donde el interés comunitario y de las grandes mayorías sea el interés que rige a la sociedad.
Secretaría de Asuntos Pedagógicos.