La “nueva doctrina”
En el marco del descomunal operativo represivo montado alrededor del G20 en nuestra ciudad, el gobierno de Macri puso en funcionamiento un nuevo reglamento policial. Si bien en un principio se anunciaba como una medida excepcional, días más tarde en el Boletín Oficial se dispuso su continuidad. En ese momento Bullrich se dispuso a propagandizar mediáticamente lo que llama “la nueva doctrina” instando a las fuerzas represivas hacer de los fusilamientos una práctica aún más generalizada e impune. A su vez, el oficialismo hizo saber que buscará legitimar esta resolución mediante la reforma del código penal el próximo año.
Ante esto es preciso señalar que además del objetivo principal de endurecer la línea represiva, esta nueva avanzada del gobierno de Macri se enmarca en una campaña electoral orientada a profundizar los aspectos más reaccionarios del sentido común que atraviesa a algunos sectores de nuestra sociedad. Lamentablemente, muchas y muchos de quienes ven con buenos ojos esta ola bolsonarista del gobierno y los medios, pierden de vista que ellos y ellas mismas son potenciales víctimas de esas políticas. No es requisito haber cometido un delito armado para caer bajo las balas de un policía o un prefecto. Sí lo es en cambio, ser de clase trabajadora, pobre, morocho/a, joven, manifestante. Inclusive, la experiencia demuestra que el uso más frecuente de armas de fuego en contextos de robos o persecución en la calle, pone en riesgo no solo la vida de quienes lo están cometiendo sino de cualquier persona que fortuitamente queda inmersa en la situación -adultes, niñes, ancianes-. Como ejemplo recordemos es el caso de Claudia Ovejero de 41 años, fue asesinada en 2017 cuando estaba sentada en la puerta de su casa en La Boca, por el disparo de efectivos de policías bonaerenses en la persecución a dos hombres que supuestamente habían robado un auto en Lanús.
Frente a la puesta en vigencia del protocolo, podría decirse que el gatillo fácil ha sido y es una práctica común a todos los gobiernos; y eso es absolutamente cierto. Durante los gobiernos kirchneristas (mayo 2003 a diciembre 2015) se contabilizaron 3160 casos; mientras en los tres primeros años de gestión de Macri ya se registran 1000 asesinatos por parte del estado.
Sin embargo, hay un cambio crucial a partir del nuevo protocolo y es que los miembros de las fuerzas de (in)seguridad que fusilen ya no tendrán que rendir cuentas a nadie, no podrán ser juzgados. Ciertamente, nunca fue tarea sencilla conseguir justicia para las víctimas de gatillo fácil. En buena parte esto se debe a la existencia de un aceitado sistema de encubrimiento sostenido por todo el aparato represivo con el aval político de los gobiernos (el caso Chocobar es un ejemplo burdo de ello). A eso se suma, como parte del mismo engranaje, el accionar de la (in)justicia que es sin dudas una justicia de clase, abarrotando las cárceles de pobres sin condena pero mirando para otro lado cuando la víctima es un pibe o una piba de los sectores populares, especialmente si sus asesinos son policías o miembros del servicio penitenciario. Pero a pesar de esta realidad, no todos los casos han quedado impunes. Efectivamente, la incansable lucha de los familiares y de los organismos antirrepresivos ha logrado llevar a juicio, e inclusive a la cárcel, a muchos asesinos de uniforme. Esta posibilidad ha permitido poner algún límite, por más insuficiente que sea, al fusilamiento que aquí no llega a los niveles que adquiere en otros países de Latinoamérica. Justamente ese el límite que el nuevo protocolo de Bullrich viene a anular. Es el sostén legal para lo que ella denomina la“nueva doctina”, que no es otra cosa que la pena de muerte sin juicio previo. En ese sentido, la resolución es muy concreta. Como plantea la CORREPI, “la norma publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas.”Los intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, hoy (con el nuevo protocolo) son ley en Argentina”: “Creí que podía estar armado… Tenía la obligación de evitar la fuga… Hizo un movimiento sospechoso… Pensé que iba a cometer un ilícito… Vi un arma, no sabía que era de juguete…”(http://www.correpi.org/2018/orden-de-matar-con-impunidad-el-gatillo-facil-es-ley/). En síntesis, nos enfrentamos a la conversión de los fusilamientos en hechos automáticamente impunes. Y de más está decir, que esa impunidad automática no solo habilita sino que por sobre todo promueve un tipo de accionar de las fuerzas represivas. Es un permiso y es una orden a la vez.
En el mismo sentido, hay que poner de manifiesto que el objetivo de Bullrich no está solo en el ataque a los jóvenes de los sectores más vulnerables entre los que se multiplicarán las víctimas. Detrás de la nueva doctrina se esconde también, el intento de disciplinar a las y los que salimos a luchar para defender nuestros derechos y enfrentar el ajuste, participando de movilizaciones y otras acciones. En este caso, por poner solo un ejemplo, si uno de los policías que reprimió en diciembre de 2017 frente al Congreso, nos hubiera tirado con arma de fuego por la espalda mientras desconcentrábamos, con el nuevo protocolo la impunidad del crimen hubiera estado garantizada. Podría justificarse diciendo que entre la gente vio que alguien hizo un movimiento que indicaba que sacaría un arma y así quedaría contemplado en la norma actual que justifica los fusilamientos cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. Dejemos de lado el imaginario uso de un arma. Se justifica el disparo policial Cuando el número de los agresores impidan materialmente el debido cumplimiento del deber. O sea, si un grupo numeroso de manifestantes intentara evitar que se lleven detenide a un compañero o compañera de manera arbitraria, la policía está habilitada a matar. Sumado a esto, no olvidemos que en las últimas represiones hasta se los ha filmado “plantando”objetos a les detenides para inculparlos y justificar la detención. El relato cerraría perfecto.
Finalmente, seguimos sosteniendo que el ajuste en curso -y el recrudecimiento que todos los pronósticos indican para el año próximo- no puede imponerse si no es con represión. No solo contra quienes lo enfrentamos con la lucha organizada sino también contra quienes cargan sobre sus espaldas con las consecuencias más brutales de este plan de miseria.
Por todo eso, nos sumamos al repudio que organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas vienen expresando ante este intento por legalizar el asesinato por parte del estado. Reivindicamos la medida judicial lograda a partir de la presentación de María del Carmen Verdú (CORREPI), Myriam Bregman (CEPRODH) y Carla Lacorte; que dispone de manera preventiva la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del protocolo para la Ciudad de Buenos Aires.
Desde Ademys nos pronunciamos por el más absoluto rechazo a la legalización del gatillo fácil mediante el nuevo protocolo para el uso de armas de fuego por las fuerzas represivas, decretado por la ministra Patricia Bullrich.
NO AL PROTOCOLO PARA EL USO DE ARMAS DE FUEGO.
NO A LA DOCTRINA BULLRICH.
Basta de matar (nos). Basta de ajuste y represión.
Karina Olivares – Secretaria de Derechos Humanos