El presupuesto local para educación, a imagen y semejanza del proyecto nacional de Javier Milei, prioriza el pago de la deuda por sobre las necesidades populares.
En primer lugar, se observa una reducción histórica en el área de vivienda, en plena crisis habitacional y de desalojos que afecta a gran parte de la población. Frente a esto, la única respuesta del gobierno es una política represiva hacia los barrios y villas, destinando a propaganda y recursos punitivos fondos que deberían ir a salud o educación.
En términos generales, el presupuesto se mantiene «congelado» respecto a 2026 y representa un 19,7% del total. Las estimaciones muestran una reducción en el sistema de formación docente, al tiempo que aumenta la masa de recursos destinada a la educación privada.
La ministra de Educación, Mercedes Miguel, defendió este proyecto el pasado 15 de octubre argumentando que se orienta hacia el aprendizaje y la centralidad del niño. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: apunta a achicar el sistema educativo mediante el cierre de grados y cursos, lo que conlleva despidos encubiertos. La ministra utiliza la baja de la natalidad —asumiéndola como un fenómeno definitivo— como una excusa para ajustar, en lugar de aprovecharla para mejorar las condiciones de enseñanza, tal como venimos reclamando desde las aulas.
Por otro lado, los salarios —un tema que la ministra omitió por completo en su exposición— seguirán una pauta inflacionaria subestimada del orden del 18% para 2027. Tampoco se prevén modificaciones presupuestarias para la atención en salud mental, a pesar de la falta de profesionales y de la emergencia que estalla diariamente en las escuelas, ni se contempla un aumento en la alimentación escolar o un boleto educativo universal para estudiantes y docentes en este contexto de crisis social.
Asimismo, la reforma BA Aprende constituye el eje central del presupuesto en materia de programas y subprogramas, a pesar de los graves problemas que está generando su implementación. Más tarde o más temprano, las autoridades deberán rendir cuentas por el impacto académico y laboral que venimos denunciando desde Ademys.
En conclusión, estamos ante un presupuesto que no da respuesta a ninguna necesidad educativa, favorece a la educación privada y profundiza el ajuste y los despidos.
Desde Ademys planteamos el rechazo rotundo a este presupuesto y llamamos a organizar una gran movilización en todas las escuelas, en unidad con otros sectores de trabajadores de la Ciudad que también sufren este ajuste. En la misma línea, preparemos el rechazo al presupuesto de Milei, un presupuesto dictado por el FMI y Trump.
