Esta semana, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo público un listado de víctimas del genocidio en Argentina, según la cual las personas desaparecidas en el período que va de 1973 a 1983 no serían 30.000 sino 7.010. A esa cifra se agregarían 1.561 personas asesinadas.
Los datos pertenecen al Registro Unificado del Víctimas del Terrorismo de Estado (Rutve), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y fueron entregados al titular de la ONG Ciudadanos Libres, el abogado José Mangiocalda, quien se lo solicitó expresamente al Gobierno. La gravedad de esta provocadora noticia radica en que es un aporte significativo en el intento de avanzar en la política de más impunidad.
No es un funcionario suelto quien dice estas barbaridades, ofendiendo la memoria de nuestros 30 mil y de los miles de familiares. Es una clara política oficial del Gobierno de Mauricio Macri a través de su secretaría de Derechos Humanos. No es sólo Darío Lopérfido diciendo que la cifra «se arregló en una mesa chica para cobrar más subsidios», o el propio Macri diciendo que “no importa si fueron 9 o 30 mil”. Es una política de Estado para avanzar en mayor impunidad de los militares, pero particularmente contra sus socios civiles, los empresarios, verdaderos impulsores del genocidio más grave que vivió nuestro país. Minimizar el genocidio no sólo es una provocación, si no que no tiene ningún sustento en la realidad.
Durante la dictadura cívico-militar hubo más de 600 centros clandestinos de detención en nuestro territorio. Aún suponiendo que los datos del Gobierno comprendieran sólo el período inaugurado el 24 de marzo de 1976 (lo que de todos modos no es así, porque dicen que se contabiliza desde 1973) decir que por esos lugares pasaron apenas 8.500 personas equivaldría a decir que, en promedio, por cada uno no pasaron más de 14 víctimas. Algo sencillamente insostenible, que sólo puede plantear una derecha envalentonada y descarada.
Mientras que la Secretaria de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj difundía el nefasto en informe, en La Plata Justicia ya!! junto a organismos de Derechos Humanos, preparaban una audiencia con el objetivo de impedir el intento de prisión domiciliaria en beneficio del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Una contundente respuesta a esta nueva provocación del Gobierno, y una iniciativa para impedir la impunidad de este genocida responsable de la desaparición de miles de compañeros en dictadura y de Jorge Julio López, hace apenas 10 años.
Hay cifras verdaderas que sí es necesario revelar. Cuando denunciamos la designación de César Milani al frente del Ejército durante el kirchnerismo, logramos dar a conocer que todavía están en funciones miles y miles de los que participaron del genocidio.
Nuestros 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos no son el pasado. Son el presente de miles que seguimos luchando para que vayan presos todos y cada uno de los responsables. También son presente los más de 400 jóvenes apropiados que aún esperan la recuperación de su identidad.
Queremos recordar que la ONG Ciudadanos Libres es la misma que realizó una denuncia penal contra una agrupación estudiantil por “hacer política en una escuela”, alegando que eso atentaría contra los derechos de los niños y adolescentes. Es decir que la ONG de Mangiocalda cree que hay que penalizar a los jóvenes por ejercer su derecho a pensar.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡PRESENTES! ¡Ahora y siempre!
Secretaría de Derechos Humanos – Ademys
