Recientemente, la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico (organismo encargado de organizar la legislación vigente y descartar la que fue derogada o “superada” por leyes posteriores) ratificó la derogación completa de la Ley 1420 de Educación Común, incluido el artículo 8 que establecía: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase.”
El artículo 8 de la Ley 1420 es el único resquicio legal que define que no se puede impartir educación religiosa en las escuelas públicas.
El kirchernismo hizo una defensa cerrada de la derogación de este artículo, bajo el planteo de que la Ley 1420 fue superada por la Ley Nacional de Educación, lo cual es falso respecto del artículo 8, ya que la actual Ley Nacional de Educación establece en su artículo 4º la “igualdad, gratuidad y equidad” pero no el carácter laico.
Esto profundiza lo que ya viene sucediendo en varias provincias del país: la implementación de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas.
Con diferentes matices, las Constituciones o leyes provinciales establecen la injerencia directa de la religión en las escuelas públicas en Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, San Juan y San Luis.
El caso más emblemático es el de Salta, donde el gobernador kirchnerista Urtubey impulsó una ley de enseñanza religiosa en las escuelas públicas, aún con un fallo en contra de la Corte Suprema provincial. El caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que debe fallar sobre su constitucionalidad. La derogación del artículo 8 de la Ley 1420 es un espaldarazo para Urtubey, para el resto de las 8 provincias que ya cuentan con un avance en ese sentido y para el resto de las provincias que ya no tendrán una limitación legal para imponer la enseñanza religiosa como parte del currículum.
No fue un “paso en falso” ni un “descuido”, es una política
La presencia de la Iglesia en la educación está garantizada en la propia Ley Nacional de Educación reconociendo en su artículo 6º a las confesiones religiosas como parte de los agentes responsables de las acciones educativas.
El reconocimiento pleno a la educación privada está en la letra de la Ley Nacional de Educación, que define a todo el sistema educativo como educación pública, que puede ser de “gestión estatal” o de “gestión privada”. El grueso de las escuelas privadas son religiosas, que, además del reconocimiento oficial, cuentan con los subsidios de los Estados.
La Iglesia Católica tiene una fuerte incidencia en la elaboración curricular de lo que se enseña, cómo se enseña y de lo que no se enseña, no solamente en las escuelas privadas y religiosas, sino también en las escuelas públicas. Es un actor central en las recientes reformas educativas. Las leyes que actualmente estructuran el sistema educativo argentino fueron elaboradas y presentadas por el gobierno nacional, las cámaras empresariales, la dirección de algunos sindicatos docentes como la CTERA y la Iglesia Católica.
Por la garantía de una educación laica y científica, y un sistema educativo público, estatal y nacional
Rechazamos la política educativa del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que comparten una misma orientación de fondo: privatización, fragmentación, vaciamiento y degradación educativa.
A 9 años de sancionada la Ley Nacional de Educación cobra absoluta vigencia el planteo de una educación laica y científica, y un sistema educativo público, estatal y nacional, contra las reformas antieducativas que precarizan la educación y las condiciones laborales docentes.
La educación en manos del kirchnerismo, macrismo, y otros signos políticos que representan intereses ajenos y contrarios a los trabajadores retrotrae la situación a debates previos a 1884. Debemos intervenir activamente por una salida que pasa por la reorganización integral del sistema educativo, junto a una reorganización integral de la economía sobre nuevas bases sociales, que sólo puede llevar adelante los trabajadores.