Familias:
El próximo 18 de octubre, el Gobierno Nacional pretende realizar una “evaluación censal” a los estudiantes de sexto grado llamado Operativo Aprender.
Se trata de una evaluación que los docentes no elaboramos, cuyos contenidos desconocemos y que será aplicada por personal que no pertenece a la escuela (y que en muchos casos no son docentes). Los estudiantes no tendrán ninguna devolución de esta prueba, que es igual para todos los alumnos, sin contemplar el proceso de enseñanza y aprendizaje en particular.
Los funcionarios que impulsan estas pruebas dicen que el objetivo es obtener datos estadísticos. ¿Para qué? No para mejorar nuestras escuelas, ni para construir nuevos edificios en donde hay pocos, ni para arreglar las goteras de los edificios escolares que existen, ni para nombrar más profesionales o enviarnos nuevas computadoras. De hecho, el presupuesto estipulado para educación del año que viene va a ser menor que el de este año.
En realidad, lo que Gobierno busca es evaluar para responsabilizarnos a docentes, familias y estudiantes de “todo lo que no saben”, desligando al Estado de su rol de garante de derechos. Ese ha sido el uso que le han dado a estas evaluaciones en los últimos años: con los resultados en mano, no solucionaron ninguno de los problemas que nuestras escuelas vienen arrastrando por el abandono en que se encuentran, sino que lo que se hizo fue lamentarse por los estudiantes que tienen que “caer en las escuelas públicas”.
También quieren imponer dentro de las escuelas una lógica de la competencia entre docentes, escuelas, estudiantes y familias. En última instancia buscan establecer rankings para poner, con el tiempo, premios y castigos salariales a sus docentes y de recursos a las escuelas. Esto sólo reforzaría la desigualdad ya que es injusto comparar estudiantes y escuelas de contextos sociales y económicos diferentes.
De esta forma, se está desconociendo la labor docente e institucional del día a día. Los docentes evaluamos en cada escuela, a cada chico en forma particular, apuntando a los aprendizajes reales y concretos de cada uno, de acuerdo a lo enseñado y teniendo en cuenta a quién se evalúa, su trayectoria y el contexto.
Invitamos a la comunidad educativa a rechazar estas pruebas: las familias, si lo desean, pueden oponerse a que sus hijos participen de este tipo de evaluaciones. Pueden no enviarlos a la escuela o escribir una nota autorizándolos a no hacerlas.
Sigamos defendiendo juntos una escuela pública para todos.