Hoy jueves 7 de mayo, a pesar de la masiva concentración y de las protestas realizadas por docentes, trabajadores estatales, de la salud, movimientos sociales y organizaciones políticas, se aprobó en la Legislatura porteña el Proyecto de Ley de “Emergencia Económica y Financiera” con 38 votos afirmativos (Pro, Radicalismo, Socialismo, Coalición Cívica) y 21 negativos (Frente de Todxs, Fit).
Si bien en el proyecto votado finalmente se eliminó la posibilidad del pago en cuotas de salarios -el art 19 del proyecto original- producto del rechazo que generó y las acciones de oposición que se hicieron, denuncias, asambleas, petitorio y la contundente concentración que encabezamos hoy, la Ley votada mantiene congelamiento salarial, con la consecuente desvalorización de nuestro salario.
El Proyecto aprobado otorga al ejecutivo porteño la suma del poder público, delegándole facultades que hacen que Rodríguez Larreta tenga ahora la potestad de suspender la vigencia de leyes, por ejemplo, las leyes ambientales, de seguridad, de transporte, de planeamiento urbano; suspender los mecanismos de democracia participativa, programas comunales, etcétera. También podrá Larreta redistribuir la totalidad del presupuesto sin límites definiendo el destino de todos los recursos de la Ciudad. Al mismo gobierno que ha recortado presupuestos educativos y de la salud, que ha privilegiado los negociados inmobiliarios, que ha tomado deuda y gastado millones para armas para las fuerzas represivas, se le otorga la potestad de administrar los recursos de la Ciudad sin ningún tipo de límites. A partir de la Ley el Larreta podrá también modificar contratos, permisos, concesiones, compras reguladas por las leyes sin límites. Además, la ley habilita la eliminación de programas y contratos de asistencia vital para las familias más vulnerables de la Ciudad.
El mismo gobierno que ha llevado adelante la privatización histórica de tierras públicas y de la reprivatización de todos los servicios públicos de la Ciudad, tiene ahora el poder legal para profundizar políticas de privatización, mercantilización y destrucción de recursos públicos, que ya venían siendo diezmados.
En este sentido, se mantienen en la ley los recortes al presupuesto para las políticas de vivienda, concretamente a través del recorte presupuestario al Instituto de Vivienda de la Ciudad, lo que va afectar a los barrios populares. Al día de hoy, por la falta de infraestructura sanitaria en las villas, 400 mil personas no tienen agua potable segura.
En síntesis, el Gobierno que nos dice que “nos quedemos en casa”, “que es una irresponsabilidad salir”, no da respuesta a ninguna demanda de trabajadores, ni de salud, ni docentes, ni para las más elementales necesidades de vivienda en momentos donde crece los casos de coronavirus.
Desde nuestro sindicato, lejos de aceptar pasiva y obedientemente este brutal ajuste, salimos a la calle a exigir que se respeten nuestros derechos. No podemos quedarnos inmóviles aceptando que una vez más seamos las y los trabajadores los que con nuestros recursos, nuestra vida y nuestros salarios paguemos los costos de la crisis. Lejos de aquellos que, como la CGT en su acuerdo con la UIA y el gobierno, o como los sindicatos que dicen oponerse pero no se mueven de su cómoda cuarentena, aceptando condiciones que empobrecen a la clase trabajadora, desde Ademys salimos a las calles a exigir que sean los sectores que se han enriquecido durante décadas, amasando fortunas a costa del saqueo de nuestros suelo y de nuestro trabajo, quienes pongan los recursos para paliar la crisis.
Desde Ademys, seguiremos dando pelea. Seguiremos organizándonos junto a las compañeras y compañeros, sabiendo que somos las y los trabajadores quienes debemos luchar por nuestros derechos. Nadie lo hará por nosotres.
No a la ley de Emergencia
No al pago de la Deuda Externa
Que la crisis no se pague con nuestros salarios y el empobrecimiento de nuestro pueblo.
Que la plata la pongan las corporaciones y quienes amasaron grandes fortunas.