Ante las nuevas disposiciones que implementan el sistema de inscripción y clasificación on line para docentes, alertamos a los compañeros sobre las muchas incertidumbres que aún existen acerca de cómo funcionará el sistema de inscripción on line para la clasificación docente, los problemas que aún están sin resolver y traerán aparejados perjuicios para los docentes. A esto se ha sumado ahora la postergación de la inscripción para las Juntas de Educación Artística y Escuelas Normales Superiores por Resolución 2015-1437-SSPECD, y las Juntas Técnicas Zonas IV y V lo que atenta directamente contra nuestro derecho a trabajar.
Mientras se emiten resoluciones que dicen y contradicen las disposiciones anteriores, y mientras se pretende presentar la inscripción on line docente como un sistema ya cerrado y eficiente, alertamos a la docencia acerca de los muchos problemas que tiene y tendrá el sistema.
El falaz argumento del gobierno es que los retrasos en los listados de orden de mérito en varias Juntas (sobre todo, las de nivel medio), las irregularidades y las consecuentes interrupciones de los concursos de ingreso (titularización), van a ser superados por la “eficiencia” de la COREAP, la informatización y el legajo único docente.
Sin embargo, como ya se está poniendo de manifiesto, la COREAP vendrá a profundizar muchos de los problemas existentes y a poner en pie una política que busca eliminar la transparencia y democracia en la clasificación y designación de cargos, para implementar las designaciones a dedo y discrecionales, modificar los criterios de clasificación, implementar puntaje por evaluación. En este sentido, alertamos que no puede deslindarse la informatización de los objetivos políticos de quien la realiza.
En primer lugar, ni la informatización ni el legajo único docente eran imposibles de implementar manteniendo las funciones históricas de las Juntas de Clasificación. Los resultados de la inscripción on line para las vacantes de los niños y jóvenes en las escuelas (realizada por empresas privadas a las que se le pagaron 15 millones de pesos), nos dan una pauta de la intencional ineficacia a la que nos somete el Ministerio de Educación cuyo objetivo es vaciar la escuela pública, generando la des-escolarización de miles de chicos en la zona sur de la ciudad.
En segundo lugar, según la nueva ley, se establece una “fusión” de las gigantescas juntas de media y adultos en una sola junta; primaria y primaria adultos; especial y servicios profesionales; artística y normales. Y al mismo tiempo, se reduce la cantidad de miembros de cada una de las juntas: de 9 miembros pasan a ser 5 (con la excepción de las juntas de primaria y media que pasan a ser 8).
En tercer lugar, en las Juntas de Clasificación no sólo trabajan los vocales electos sino también los colaboradores que cada organización sindical solicita al Ministerio y éste debe nombrar. Paradójicamente, los miembros de Juntas que el Ministerio cuestiona por no realizar en tiempo y forma la clasificación y formulación del orden de mérito cuentan con numerosos colaboradores, e incluso ha designado a representantes de dichas entidades sindicales como miembros del “triunvirato” que dirigirá la COREAP.
Pero además, según se nos comunicó en reuniones informativas a las que se nos ha convocado, en el esquema que propone el gobierno, 40.000 docentes serán “atendidos y clasificados” por 41 miembros de la COREAP, y que los vocales se reducirán a ser meros “validadores” de documentación, tarea compartida por los colaboradores. Además, el nuevo sistema estandarizará al extremo la valoración de los antecedentes culturales y pedagógicos.
A esto se suma que la informatización la llevarán a cabo empresas privadas.
Con la Ley Nº 4109/11 de la CABA, conocida como “Ley Abrevaya”, el Gobierno de la Ciudad eliminó el sistema de Clasificación Docente tal como funcionaba, con Juntas de Clasificación compuestas por representantes de los trabajadores electos por el voto, y por el Ministerio de Educación.
Históricamente, las Juntas de Clasificación Docente han sido producto de una de las más importantes conquistas de los trabajadores de la educación, que fue plasmada en nuestro Estatuto: que los trabajadores tengamos una representación que garantice la transparencia tanto en la Clasificación Docente como en la elaboración de listados, concursos y actos públicos, certificando la no discriminación política o ideológica, evitando las designaciones a dedo, las prebendas y arbitrariedades.
El organismo que reemplazaría a las Juntas de Clasificación docente, creado mediante la Ley 4109/11, y denominado COREAP (Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales), parte de una concepción diametralmente opuesta al espíritu democrático con el que se instrumentaron las Juntas de Clasificación. La COREAP poseerá una dirección designada por el Poder Ejecutivo, y las nuevas juntas tendrían un rol auxiliar de dicha dirección, en definitiva, la responsable última de listados y concursos. Según lo estableció la Ley Abrevaya, las funciones de las Juntas de Clasificación en adelante se reducen, básicamente, a “participar” para la conformidad del puntaje definitivo; “fiscalizar” los listados de aspirantes confeccionados por la COREAP y proponerlos a consideración del Ministro; “informar” al Ministro de Educación anualmente de los procesos desarrollados y cada vez que se presente alguna irregularidad. Es decir, los miembros de las nuevas juntas serían meros validadores de documentación, acompañando la labor realizada por una empresa informática tercerizada. Una desnaturalización de una de las grandes conquistas del gremio docente: evitar la discrecionalidad de los gobiernos en la designación de los trabajadores de la educación.
La última elección de representantes para Juntas de Clasificación y Disciplina, realizada en el propio año 2011, contó con más de 30.000 docentes votando. La irrupción de la llamada Ley Abrevaya no solo interrumpió las elecciones regulares y transparentes que la docencia venía realizando, sino que ni siquiera garantizó la aplicación de los mecanismos de clasificación que se creaban a instancias de dicha normativa. El resultado concreto fue la reducción de miembros de las Juntas de Clasificación democráticamente electas, al ir cesando en sus mandatos, con la consiguiente reducción de la capacidad material y humana de labor de dichos organismos. Pese a que desde el año 2013 las Juntas han sido diezmadas por la aplicación parcial de la Ley 4109/11, que trajo aparejado el cesa de miembros de Juntas pero no su relevo, muchos vocales electos de dichas juntas han garantizado mediante su esfuerzo y compromiso que los listados y los concursos salieran adelante. Tal es el caso de las áreas de Primaria, Inicial, Adultos, Curriculares y Especial, que pese a contar solamente con la mitad de sus miembros lograron dicha tarea. En otras Juntas, a pesar de haber recibido listados atrasadísimos, el esfuerzo de nuestros vocales permitió avanzar con la actualización de los mismos, pese a las permanentes trabas del Ministerio y a la falta de colaboradores para los vocales de Ademys.
Hoy, cuando no sólo se pretende eliminar a las Juntas sino que se pone en peligro la fuente laboral de los docentes, desde Ademys, continuamos sosteniendo la demanda de restitución de las Juntas de Clasificación para poder garantizar listados y concursos transparentes y para fortalecer la escuela pública.
Llamamos a los docentes a organizarnos para evitar el nuevo atropello que significa la posteragación de la inscripción en las Juntas Artística, Normales y Técnicas, lo que implicará no poder tomar cargos en las mismas.
Exigimos la inmediata convocatoria a elecciones de vocales de Junta, con todas las funciones y atribuciones que tenían hasta la sanción de la Ley Abrevaya y rechazamos la prórroga establecida por la Legislatura.
Alertamos a la docencia sobre los problemas e incertidumbres existentes en torno a la inscripción on line y exigimos al gobierno se formalice una reunión para que podamos abordar todas estas cuestiones.