La reforma realizada por medio del Decreto 256/2026 y su anexo se hace a espaldas de lxs trabajadores y salteando la vía legislativa que es el ámbito donde debe ponerse en debate dado el carácter normativo que posee el Estatuto. Busca profundizar el disciplinamiento sobre la docencia.
Se trata de una avanzada que -en sintonía con la reforma laboral de tipo esclavista a nivel nacional – busca ejercer mayor control sobre el ingreso, la permanencia y el ascenso a lo largo de la carrera docente, restringiendo derechos y garantías de nuestro trabajo. Como hemos denunciado, el gobierno de Jorge Macri y el ministerio de educación llevan adelante a nivel local la misma orientación política patronal como los mejores alumnos de Milei.
Se modifican varios elementos que componen el puntaje docente y los requisitos para el ascenso. Un elemento clave en este cambio es el puntaje por antigüedad que se reduce sensiblemente de 9 a 6 puntos. No es inocente. Apunta a desprestigiar la carrera docente en favor de ponderar la capacitación de la UNICABA y las universidades privadas con quienes el Ministerio ha realizado no pocos convenios, vaciando la Escuela de Maestros.
Hace décadas que los diferentes gobiernos buscan destruir una de las conquistas históricas de lxs trabajadores, que es el reconocimiento de la antigüedad, no sólo por el impacto salarial que posee sino como elemento constitutivo -en nuestro caso- de la carrera docente.
Hace un tiempo que se han intensificado los mecanismos de vigilancia sobre licencias estatutarias, a través del rechazo sistemático y la injustificación de inasistencias como regla general sin respetar los criterios médicos. Esta reforma del Estatuto busca darle aval reglamentario a esa línea.
Otro punto importante es el ataque al régimen de licencias y de las justificaciones de inasistencias por razones personales (el conocido artículo 69t) que pasa de ser por cargo a ser por agente y controles ridículos para la autorización de justificación por fuerza mayor (art. 69s) o ante citación de organismos oficiales (art. 71). El derecho a formarnos mientras trabajamos también es restringido acotando los días de estudio de 5 a 3 días (art. 69k). De esta forma, se refuerza el control del Ministerio y se eliminan las mediaciones que realizan las secretarías escolares cuando se presenta algún tipo de dificultad en la solicitud de las mismas.
Como otra parte de las modificaciones, se incluyen mínimos de antigüedad para realizar permutas y traslados consistente en dos años de antigüedad en el establecimiento, para poder solicitarlo. También abre el paraguas a realizar concursos cuando al Ministerio de Educación le convenga, anualmente o de forma alternada según su propia conveniencia. Como hemos experimentado en los últimos años, los concursos estatutarios para el ingreso, traslado, acumulación/acrecentamiento han distado de ser transparentes, pero ahora se refuerza la discrecionalidad con la que opera la COREAP, sumado a que pondera la antigüedad en el establecimiento por sobre el puntaje.
La avanzada más grave se da sobre el reforzamiento del control de las sanciones y la calificación docente por parte del Ministerio. Anualmente, lxs docentes somos evaluadxs en nuestro trabajo en función de criterios cualitativos de acuerdo al tipo de cargo desempeñado. A partir de esta reforma, el Ministerio de Educación está facultado para aplicar el cese y la inhibición para seguir trabajando y en un tiempo express luego de una evaluación negativa realizada por el equipo directivo. Se soslayan las instancias estatutarias de instrucción-sumario y la aplicación de sanciones en caso de corresponder. Se trata de una carta blanca para aplicar sanciones y despedir docentes habilitando el uso de la calificación con una intencionalidad de persecución política, entre otros motivos. Además, dicha evaluación estará atada al presentismo ya que tendría como requisito tener no menos del 90% de asistencia para obtener sobresaliente. Este ángulo no tiene nada que ver con garantizar ningún derecho educativo, sino de disciplinar al trabajador en general, como acaba de hacer decretando la esencialidad del transporte y el subte, atacando al derecho a huelga.
No podemos permitir este ataque que viene de la mano de una nueva campaña gubernamental de desprestigio de la docencia y de la escuela pública encabezada por el propio Jefe de Gobierno Jorge Macri, que recortó en más de $3.300.000.000 el presupuesto de viandas escolares para seguir engrosando su “kiosco” de pauta publicitaria y de campaña electoral con fondos públicos mientras en las escuelas de la Ciudad hay ratas, falta calefacción o se inundan cuando llueve, entre otros problemas edilicios. Y mientras las necesidades de estudiantes y familias no son contempladas. ¡Basta de seguir recortando el presupuesto en educación en favor del presupuesto en pauta publicitaria del gobierno y de una campaña pública contra lxs docentes!
Juegan con nuestro salario y nuestra estabilidad laboral.
Organicemos un plan de lucha, con paros y movilizaciones para frenar esta reforma esclavista.
Secretaría gremial Ademys
