Desde Ademys manifestamos nuestro absoluto rechazo a la suspensión de la movilidad jubilatoria que rige actualmente para nuestro gremio, luego de años de intensas y sacrificadas luchas.
De acuerdo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso nacional para su tratamiento “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia” se elimina la movilidad jubilatoria, fijada por la anterior reforma, que implicaba dos aumentos calculados en base a la inflación del periodo anterior previstos para el mes de marzo y septiembre próximo.
Así, se establece que «con el objetivo de atender en forma prioritaria a los sectores de más bajos ingresos» se suspenden por 180 días los artículos de movilidad. Esto significa que el correcto y muy necesario (aunque insuficiente) aumento a los sectores más pobres de los jubilados se hará a costa de recortes en el grupo de jubilados que cobran más de 19 mil pesos, cómo si ese monto implicara formar parte de un grupo de privilegio.
En la práctica esta medida le quita a unos jubilados para darle a otros, produciendo un achatamiento de los ingresos dentro del sector de los propios trabajadores y trabajadoras.
En su articulado el proyecto de ley plantea la suspensión fijada por 180 días de la movilidad y su remplazo por un aumento por decreto trimestral de la totalidad de los regímenes bajo la administración del ejecutivo nacional. Esto significa no sólo que quienes ya se han jubilado no percibirán el 82% móvil sino que quienes se jubilen a partir de la sanción de la ley, no lo harán según lo establecía la ley. En el caso de la docencia también quedaría comprendida en esta modificación, pues en el artículo 52 se suspenden las movilidades de todo el régimen bajo la esfera federal. La suspensión está enmarcada ahí mismo. Para el caso de la docencia de la Ciudad de Buenos Aires la movilidad también quedará suspendida (aunque en nuestro caso dicha movilidad era limitada en tanto no se regía por los aumentos del docente en actividad sino por un promedio elaborado por la Secretaría de Seguridad Social). No hay ninguna excepcionalidad sino una redacción para incluir todos los regímenes denominados especiales, tal como lo denuncian los docentes universitarios e investigadores también afectados en este ataque.
De aprobarse la ley en estos términos, se continuaría con el camino de reforma previsional del macrismo y el FMI que enfrentamos en las calles el pasado diciembre de 2017.
Exigimos la anulación de los artículos 51 y 52 del proyecto de Ley de «Solidaridad» y la plena vigencia del 82% móvil para todos los trabajadores jubilados.
Ninguna jubilación inferior a la canasta básica del adulto mayor.
No al pago de la deuda externa. La deuda es con la educación, la salud, con las y los trabajadores.
Exigimos a las centrales sindicales nacionales y a la CTERA que rechacen estos artículos del proyecto y que se impulse una deliberación en las escuelas para frenar estas medidas.
