Los evaluados deben ser los gobiernos
Los estudiantes de 5to o 6to año, según corresponda, de las escuelas secundarias de la Argentina serán evaluados el próximo 19 de octubre con las pruebas correspondientes al Operativo Aprender 2022, en Lengua y Matemática. Este operativo, que se implementará de forma censal, se llevará a cabo en el marco del Plan Nacional de Evaluación 2022 de Nivel Secundario aprobado por el CFE.
¿Para qué evaluar?
La evaluación en el aula, sabemos, es constitutiva de los procesos de enseñanza aprendizaje y está destinada a evaluar los procesos personales de construcción del conocimiento.
Sin embargo, las evaluaciones estandarizadas pretenden medir la “calidad de la educación”, como si esto se pudiera hacer de la misma manera que se miden los productos y mercancías. Es decir, sin tomar en cuenta que no se pueden evaluar los conocimientos aislándolos en forma artificial de las condiciones de enseñanza y de las distintas situaciones personales y condiciones materiales de los alumnos y alumnas y de los trabajadores de la educación en un cuadro de creciente miseria y crisis social.
Estas evaluaciones reducen los procesos de enseñanza aprendizaje a una sola calificación para introducir la diferenciación presupuestaria entre escuelas y modificar el régimen docente. De esta manera al pretender medir la “calidad” de la educación, se estará evaluando de forma directa el desempeño de los y las docentes. La destrucción del estatuto está en marcha y desde hace tiempo que los gobiernos intentan establecer el salario por mérito y premios o recursos a las escuelas con mejor desempeño.
Toda evaluación es política
Hace unos meses, vimos a la ministra de educación Soledad Acuña pasearse por los medios de comunicación destacando los malos resultados en las pruebas Aprender 2021. Esta actuación pone en jaque la intuición, ya que habitualmente los gobiernos ocultan las estadísticas negativas. Es que el verdadero propósito de este tipo de evaluaciones es acusar a los y las docentes de los resultados eximiendo al Estado de toda responsabilidad.
Una verdadera evaluación del sistema educativo debería tener en cuenta la subejecución o la reducción del presupuesto educativo, la situación de las infancias y adolescencias, la falta de construcción de escuelas, el hacinamiento en las aulas, los graves problemas de infraestructura, los salarios de miseria y la sobreexplotación de los docentes debido a la necesidad de acumular cargos para poder cubrir la canasta familiar. Y fundamentalmente, debería poner en cuestión las reformas que se vienen implementando hace décadas que están vaciando la escuela en nombre de la formación en “capacidades” y la adaptación al “mundo del trabajo”.
Una evaluación de este tipo sentaría en el banquillo de los acusados a los gobiernos que ajustan y precarizan la educación. Por lo tanto, nos plantea a los y las docentes la necesidad de organizarnos por una mejora real de las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por un aumento del salario docente para que podamos trabajar un solo turno, dándonos tiempo para la formación y reflexión sobre nuestra práctica. Por un aumento del presupuesto educativo y las partidas para infraestructura, para tener escuelas en condiciones con recursos y una mejor relación docente/alumnos. Por un sistema de becas que les garantice a nuestros estudiantes todos los elementos necesarios para su escolaridad.
Por último, una verdadera evaluación del sistema educativo no puede hacer abstracción de las condiciones de pobreza generalizada en que hoy se desarrolla. La situación educativa sólo va a mejorar si se produce un cambio en las condiciones sociales. Por eso rechazamos este operativo de evaluación contra la docencia y llamamos a organizarnos en defensa de la escuela, contra el ajuste y la reforma anti-educativa en marcha.
Secretaría de Asuntos Pedagógicos
