Los alumnos y alumnas de la Ciudad de Buenos Aires serán evaluados en idiomas con los instrumentos conocidos como “pausas evaluativas”. Estas evaluaciones, como es sabido, vienen siendo elaboradas por los diferentes equipos de supervisión en concordancia con los Diseños Curriculares en mucho aspectos, aunque el enfoque sobre evaluación no concuerda con una prueba de estas características: elaborada fuera del aula y estandarizada.
En este caso, las Pausas Evaluativas de Idioma serán aplicadas en 4to y 7mo grado, en tres o cuatro escuelas por Distrito que incluirán una escuela de Jornada Simple, otra de Jornada Completa y una Plurilingüe. Las evaluaciones serán anónimas y estarán contextualizadas en dos historias trabajadas con anterioridad. En el caso de idioma inglés las evaluaciones serán muestrales pero en el caso de los idiomas latinos las mismas serán censales debido a que hay menor cantidad de escuelas en las que se enseñan estos idiomas.
Es importante destacar que, a diferencia de las evaluaciones que se toman en Prácticas del Lenguaje y Matemática, en Idiomas estos instrumentos no serán aplicadas por los docentes a cargo de los cursos sino por docentes especialmente convocados para realizar esta tarea. Es decir un «aplicador» que no forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en nuestras aulas. Cualquier similitud con el Operativo Aprender… no es pura coincidencia.
El que se quema con leche…
Estas evaluaciones sorprendieron negativamente a los docentes de idiomas que vienen sosteniendo una batalla contra la efectivización del Traspaso a la Gerencia Operativa efectuado el año pasado que pone en riesgo derechos estatutarios, la carrera de ascenso, los concursos y le abre la puerta a la evaluación externa y estandarizada. Muchos recuerdan que en el momento más álgido del conflicto el gobierno, a través del diario Clarín, efectuó un ataque brutal contra el área de idiomas responsabilizando a los y las docentes de seguir «ampliando brechas y reproduciendo desigualdades» haciendo hincapié en que «los alumnos más pobres son los que menos tienen», sembrando al mismo tiempo dudas sobre la «calidad» de las clases que reciben los y las alumnos/as en las escuelas públicas.
Los y las docentes temen que este tipo de evaluaciones, aunque preparadas por los supervisores puedan ser manipuladas y utilizadas por la Gerencia Operativa Lenguas en Educación para embestir al área nuevamente y justificar el traspaso y los negociados que el mismo esconde y preparar el terreno para la evaluación externa y estandarizada. Como ya lo adelantó el año pasado Diego Meiriño, Subsecretario de Planeamiento Educativo, los alumnos serán evaluados con la certificación idiomas ALTE (Association of Language Testers of Europe) en un futuro cercano.
En un plano más general, el gobierno viene pretendiendo sentar en el banquillo de los acusados a los docentes al tiempo que desfinancia a la educación pública, empuja al derrumbe edilicio, al hacinamiento en las aulas y la caída de los salarios. Es que quieren un control empresarial de la tarea docente como punta de lanza para una transformación empresarial de la escuela pública, degradando sus contenidos y adaptándolos a las necesidades cambiantes del mercado. Bajo el término «calidad educativa» sustraen a la enseñanza del conjunto de relaciones sociales actuales y la quieren convertir en un producto.
Por eso mismo desde la Comisión de Curriculares advertimos a los compañeros y compañeras y Supervisores de Idiomas que luchan defendiendo la educación pública, que cualquier evaluación escindida de las condiciones sociales que la circundan y que revista características similares a las evaluaciones externas y estandarizadas, desde el momento que no es el propio docente quien evalúa a sus alumnos, aún elaborada por nuestros propios supervisores, no deja de ser una contribución a la «cultura de la evaluación», una alteración frente a las planificaciones de docentes e instituciones y puede convertirse en un boomerang contra el propio Área.
Es necesario que los docentes de idiomas organicemos el rechazo a estas evaluaciones que preparan el terreno para evaluaciones estandarizadas y externas.
