El Plan Maestro pretende profundizar la reforma educativa de acuerdo a las actuales necesidades del capital: ajustar por medio de la reducción del presupuesto educativo para achicar el abultado déficit fiscal, flexibilizar las condiciones laborales para abaratar salarios, terminar con la estabilidad en los cargos como parte del disciplinamiento y preparar a las/os estudiantes para un mercado de precarización laboral.
El gobierno plantea que el proyecto se basa en las “valoraciones” de los resultados del Plan de Evaluación Aprender realizado el año pasado (plan que la misma gestión reconoce que fue un fracaso). Y se presentó en medio de la fuerte lucha de los docentes contra el ajuste salarial impuesto por gobierno nacional y los provinciales. Además, la lucha del gremio educativo tiene como respuesta por parte del ejecutivo nacional y de las provincias una agresión brutal por diferentes medios como intento de disciplinamiento.
Todo este paquete de iniciativas centran el eje en culpabilizar a los docentes por la crisis educativa con el fin de evadir responsabilidades de quienes son los verdaderos instigadores del ajuste y la degradación de la escuela pública: los distintos gobiernos, independientemente del partido político al que pertenezcan.
En esta nota citamos lo central del Plan Maestro con respecto a Educación Especial, describiendo y analizando la situación actual sobre la modalidad. Para una mayor profundidad del análisis general del Plan Maestro recomendamos la lectura del posicionamiento de Ademys. Link: http://www.ademys.org.ar/v2/?s=plan+maestro
Plan Maestro en Educación Especial
En lo que respecta a Educación Especial, se confirma lo que desde Ademys venimos denunciando desde hace muchos años, ya que el Plan Maestro en las metas hace explicito el cierre de escuelas de la modalidad. Dice:
- Disminuir, para el año 2026, un CUARENTA POR CIENTO (40%) el ingreso a escuelas de educación especial de alumnos sin discapacidades severas.
- Lograr para el año 2026 reconvertir gradualmente el SETENTA POR CIENTO (70%) de las aulas especiales (en escuelas comunes o especiales) en servicios de apoyo a la inclusión.
- Lograr para el año 2026 reasignar el SESENTA POR CIENTO (60%) de los docentes y profesionales que se desempeñan en la actualidad en escuela especiales, a la enseñanza de habilidades específicas y al apoyo a la inclusión en las escuelas de los niveles de educación obligatoria”.
Sistemáticamente, desde hace más de 4 años, desde Ademys venimos denunciando la intención de los distintos gobiernos de vaciar la modalidad de Educación Especial. Y decimos eso porque es lo que se refleja en las políticas educativas enmarcadas en las distintas normativas nacionales y locales, ya que bajo el planteo correcto de la inclusión, se encubre el vaciamiento de la escuela pública en general y de Educación Especial en particular.
En el capítulo 1 subtítulado “Asegurar la cobertura de la escolaridad obligatoria de niños y jóvenes con discapacidad”, el Plan Maestro menciona que “nuestro país ha adoptado una política de educación inclusiva, que recoge la normativa y la experiencia internacional”. Y es así, la Ley Nacional de Educación (LEN) en su artículo 42 y las Resoluciones 155 y 174 del Consejo Federal de Educación (CFE), organismo que está integrado por los ministros de educación de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, establecen el derecho a la educación de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades del sistema educativo según las posibilidades de cada persona.
Sin embargo, el sólo hecho de la letra escrita no garantiza el derecho a la inclusión. Lo que termina definiendo son las políticas concretas que se ejecutan, y estas, en los hechos excluyen más de lo que incluyen.
En la Ciudad de Buenos Aires, muchísimos estudiantes con discapacidad que no tienen cobertura médica quedan excluidos de poder asistir a escuelas comunes, producto de que el gobierno porteño, en todos estos años, no ha creado el cargo de Maestro Apoyo a la Integración. Por el contrario, enmarcado en las normativas educativas citadas, el ejecutivo de la ciudad promulgó la Resolución 3034/13, reglamentando el cargo del APND para la inclusión en escuelas comunes de estudiantes con discapacidad que tengan obra social, pero es discriminatorio porque quienes no tienen cobertura médica quedan excluidos de poder asistir a una escuela de nivel común inicial, primario o secundario. Peor aún, en la actualidad los estudiantes con discapacidad múltiple y con severos trastornos de la personalidad que egresan de educación especial del nivel primario que tienen obra social, son derivados a Centro Educativo Terapéuticos privados, pero quienes no tienen obra social quedan directamente sin escolaridad ya que no existen establecimientos estatales pos-primarios para jóvenes y adultos con esas discapacidades.
Por otro lado, también como venimos diciendo, según publicó el mismo gobierno porteño el año pasado, hay 11.000 alumnos de todos los niveles que no tienen vacantes porque el ejecutivo no construye las escuelas necesarias. Esta misma causa tiene como consecuencia que haya aulas superpobladas, lo que hace muy dificultoso, casi imposible que se garantice la inclusión de estudiantes con discapacidad en estas condiciones.
Así mismo, tampoco construye escuelas de Educación Especial ni soluciona los graves problemas edilicios de numerosas instituciones de la modalidad. Además, el sistema educativo no cuenta con la cantidad de profesionales necesarios, ni con un plan de capacitación/formación para los docentes para garantizar una real inclusión.
Lo mencionado anteriormente refleja que los distintos gobiernos no garantizan la inclusión. Por el contrario, bajo el adecuado planteo de la inclusión educativa, lo que subyace es el ajuste y particularmente el vaciamiento de Educación Especial. En ese sentido la Resolución 155/11 del Consejo Federal de Educación, enmarcada en la LEN explicita “establecer mecanismos de regulación y criterios acerca de la intervención en las instituciones educativas de los profesionales y/o acompañantes no-docentes que aportan las obras sociales para acompañar de manera articulada, el proceso de inclusión de los alumnos/as con discapacidad” (con la cita de Ley 24.901/97 de prestaciones de Servicios Básicos).
Es así que en base a esta legislación, el ejecutivo porteño viene profundizando normativas que tercerizan cargos docentes por medio de injerencia de empresas privadas como son las obras sociales, que no solo discriminan a los estudiantes que no tienen cobertura médica, sino que contratan por fuera del Estatuto Docente y de forma precaria a las/os Acompañantes de Personal No Docente para que cumplan la función del rol de integración. La normativa de la que ya hablamos, es la Resolución 3034/13, en la cual además se sostiene que “el desempeño de los APND no significa erogación alguna para el GCBA, ni implica ningún tipo de relación contractual ni laboral entre el acompañante personal no docente y el GCBA”. Aclaramos que una cosa es la normativa y otra las/os trabajadoras/es que bajo esta legislación son contratados de forma precaria, con salario muy por debajo de los docentes y sin los mismos derechos, por lo cual es necesario aportar a la lucha para que logren la equiparación salarial, estabilidad laboral e igualdad de derechos que el resto de las/os trabajadores de la educación.
Es decir, queda claro que el vaciamiento de Educación Especial no empieza con el proyecto del Plan Maestro, normativa que pretende profundizar explícitamente el desmantelamiento de la modalidad (por lo que debemos denunciarlo y rechazarlos contundentemente), sino que toda la legislación actual, enmarcada en el justo planteo de la inclusión, en los hechos más que incluir tiene la intención de ajustar el presupuesto educativo, en este caso, vaciando las escuelas de educación especial.
Reiteramos, desde la Comisión de Educación Especial, sistemáticamente año tras año venimos denunciando esta situación. Para ampliar más específicamente, recomendamos la lectura de la nota sobre el vaciamiento de Educación Especial publicada en la revista de nuestro sindicato el año pasado (www.ademys.org.ar/v2/todos/info/especial/)
Conclusión:
En este contexto, consideramos que es necesario continuar impulsando el debate acerca de la inclusión educativa, por lo cual iniciaremos una serie de encuentros y charlas para reflexionar acerca de esta temática.
Al mismo tiempo es necesario que aportemos al desarrollo de la lucha: contra el desmantelamiento de educación especial; por un mayor presupuesto educativo que garantice la construcción de escuelas comunes y especiales; por la creación de los cargos de Maestro de Apoyo a la Integración y de los cargos profesionales necesarios; también por salarios y condiciones de enseñanza y aprendizaje dignas. Sin la solución de todo este paquete de reclamos, no se podrá garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes. Esta pelea debe darse desde la independencia de los partidos políticos, sin traccionarlas hacia uno u otro proyecto electoral, es decir, en el gremio educativo corresponde orientar las luchas desde la independencia de clase.
Desde esta perspectiva, promovemos a que se construyan espacios de debates en las escuelas y con las familias de las/os educandos, en donde se intercambien opiniones y se reflexione acerca de las políticas educativas relacionadas con la inclusión, por los derechos de las/os trabajadoras/es de las educación, de las/os estudiantes y en defensa de la Escuela Pública. Profundicemos la lucha por una real inclusión de todos los estudiantes.
Comisión de Educación Especial