Rechacemos el nuevo operativo Aprender: una evaluación contra la docencia y el estudiantado
Como viene sucediendo año tras año, los gobiernos despliegan millonarios operativos de evaluación externa sobre nuestras escuelas. Allí donde falta calefacción, edificios en condiciones o viandas, el Ministerio de Educación envía formularios y “aplicadores”.
Las pruebas externas, como el dispositivo censal a nivel nacional del “Operativo Aprender”, tienen una finalidad que no es “medir para mejorar la educación”: por el contrario, tratan de colocar a los funcionarios como “evaluadores” y a lxs docentes y estudiantes como “culpables” de la crisis educativa. Rechacemos esta nueva prueba externa: no completemos sus formularios, no participemos en su aplicación.
La evaluación externa, columna vertebral de las reformas contra la educación
Las evaluaciones externas colonizan la agenda de nuestras escuelas. El término “colonización” no es caprichoso: se trata de una evaluación que viene desde fuera, compulsivamente, y que no busca enriquecer nuestra tarea sino someterla, medir sesgadamente para señalar responsables. Para quienes nos evalúan y evalúan a nuestrxs alumnxs, lxs responsables de todo aquello que una escuela golpeada por la crisis social y económica no logra, somos lxs docentes. Si contabilizamos las diferentes pruebas censales y muestrales, en la Ciudad de Buenos Aires existen más de una decena de dispositivos externos distintos para los diferentes niveles y áreas de la educación. Entre los más relevantes, las pruebas FESBA y FEPBA (Finalización de Estudios de Primaria y Secundaria, respectivamente, de carácter censal y local), las “Pausas Evaluativas”, las internacionales “Pruebas PISA”, y las “Aprender”, de carácter nacional, que se avecina en septiembre. Estas últimas, las evaluaciones del Operativo Aprender, vienen siendo tomadas y sostenidas en los últimos años por las distintas gestiones de gobierno: independientemente de su signo, los gobiernos peronista y macrista las han aplicado a pedido de organismos como la OCDE, y las utilizan para señalar a la docencia como principal factor determinante de una crisis que es estructural y que excede ampliamente el desempeño individual de quienes damos clase. Este año, la prueba de este operativo se centrará en los 6tos grados del país, en áreas de Matemática y Prácticas del Lenguaje. Se tomará en los días 19 de septiembre y subsiguientes.
Desde Ademys y desde numerosas organizaciones de trabajadorxs de la educación, pero también desde sectores académicos y especialistas en didáctica, pedagogía o política educativa, venimos cuestionando esas evaluaciones externas. Las rechazamos lejos de cualquier pretensión corporativa. Los motivos para cuestionarlas son variados: su dudosa eficacia como instrumento para medir de manera representativa una realidad diversa mediante formularios rígidos (planillas múltiple choice que son escaneadas, y no revisadas por docentes), por lo ajenas que resultan a la praxis cotidiana, por la falta de protagonismo de la docencia en su elaboración. Pero además de estos cuestionamientos didácticos o pedagógicos, hay otros estructurales: las pruebas externas son una de las principales puntas de lanza de los organismos internacionales para incidir de manera directa sobre la educación. Es decir, para definir, de hecho, qué se evalúa, qué se enseña, qué “aptitudes” se considera prioritarias, y qué “premios y castigos”, ya sea monetarios o sociales se aplican sobre sus resultados. Mediante su análisis y la comparación de resultados, se suele cargar las responsabilidades de una crisis social y educativa exclusivamente en la base de la pirámide: en la docencia “que enseña mal”, en el estudiantado “que no lee o no aprende”. Se evalúa de manera abstracta y estandarizada, un proceso que se da de manera desigual; ya que lxs que educamos lo hacemos atendiendo la diversidad que habita el aula, respetando los distintos procesos y tiempos de trabajo, teniendo en cuenta el punto de partida de cada unx. Con estas pruebas quedan fuera de registro las múltiples carencias sociales y materiales de los establecimientos educativos (escuelas sin libros, con goteras e infestadas de ratas son evaluadas por igual que las bilingües de los barrios acomodados) como también las penurias económicas que en nuestro país padecen 6 de cada 10 pibxs, que no tienen garantizadas sus necesidades básicas incluidas las alimentarias y, lógicamente, las culturales y educativas. Es decir, se emplea la evaluación a alumnxs y docentes para justificar, mediante sus resultados, las políticas de achicamiento presupuestarias, la flexibilización en las condiciones laborales de lxs educadores, la injerencia en los contenidos de ONGs y organismos internacionales como el Banco Mundial.
Desde Ademys llamamos a rechazar estas evaluaciones. Como venimos sosteniendo desde hace años, la imposición de estas pruebas, lejos de implicar una medición para “mejorar la educación” forma parte de un dispositivo para disciplinar a la docencia, para establecer comparaciones falaces en medio de una sociedad cada vez más castigada por una desigualdad fomentada por los propios gobiernos que nos evalúan.
Ante el chantaje del pago extra para ser aplicadores de esta evaluación, llamamos a no colaborar y no anotarse para implementarla. Llamamos, además, a familias y estudiantes a no completarla y no colaborar con este operativo evaluador.