Hace algunos días, el Ministerio de Educación porteño dictó la resolución 1577 en donde se toman medidas impuestas por la realidad del asilamiento obligatorio como la de suspender las calificaciones durante el primer cuatrimestre del corriente ciclo lectivo. Además, anunció la suspensión de las pruebas Tesba y Fepba.
Por un lado, esto constituye un lineamiento claro que debe ser acatado por todas las conducciones escolares. No hay lugar para que las direcciones resuelvan unilateralmente que les docentes debemos calificar con un número a nuestres estudiantes en este período. Hacerlo sería ir en contra de una resolución ministerial.
Por otra parte, a pesar de ser algo que se venía reclamando desde la docencia, hay algunas cuestiones en dicha resolución que llaman nuestra atención y ante las cuales debemos ser claros.
El gobierno destaca las buenas prácticas que de manera genuina y acorde a cada realidad institucional se fueron desarrollando en cada institución, es decir, reconoce el trabajo que cada docente fue llevando adelante a pesar del total abandono estatal. Sin embargo, lejos de intentar solucionar los problemas de recursos que se repiten constantemente en nuestras escuelas referidos a la falta de dispositivos y la conectividad de los mismos, ahora nos exigen “llevar un registro sistemático y una valoración del proceso pedagógico desarrollado de forma remota e informar a las familias y a los/as estudiantes sobre la valoración del proceso pedagógico”.
Si bien el seguimiento y valoración de los procesos son prácticas que llevamos adelante cotidianamente y, en este caso, cada escuela instrumentaría la manera de llevarlas a cabo, nos permitimos desconfiar de un Ministerio cuya política fue siempre en contra de los intereses de nuestres alumnes y desvalorando el trabajo docente con sobrecarga de tareas y control.
Además, se nos advierte que una vez retomada la actividad presencial se evaluará lo hecho durante el período de aislamiento. Entonces, desde nuestro lugar nos preguntamos… ¿Qué tipo de evaluación pretende establecer el Ministerio? ¿Cómo llevar el seguimiento pedagógico de un proceso para el cual no se han garantizado los recursos mínimos e indispensables? ¿En qué condiciones se encuentran los sectores más vulnerables de nuestra Ciudad para ser evaluados en un hipotético retorno a clases? Por otro lado, ¿el gobierno está haciendo su correspondiente registro y seguimiento de los recursos básicos que faltan a cada estudiante de la Ciudad para poder desenvolverse en la virtualidad pedagógica?
Cabe advertir, respecto a las acciones del gobierno de la Ciudad que siguen una clara línea política, en esta resolución se suspenden las pruebas estandarizadas Tesba y Fepba 2020; pero al mismo tiempo, publican “actividades de revisión de los aprendizajes” para nivel primario y secundario. Si bien, aún no hay una indicación específica sobre su uso, éstas se corresponden con las pruebas estandarizadas que no contemplan los procesos individuales. El gobierno las repartiría junto con la entrega de canastas alimentarias para que les alumnes, a través de las familias, las completen y devuelvan. En el formulario de las actividades se pide los datos personales de les alumnes. Además, se cuenta con un material con “claves de corrección para el docente”, donde el Ministerio nos explica a les docentes cómo corregir dichas actividades. Así lo han manifestado también las y los supervisores de Primaria que se oponen a la entrega de cuadernillos y evaluaciones externas (ver documento abajo).
Sumadas a todas estas cuestiones referidas a lo pedagógico, aún quedan pendientes cuestiones materiales básicas que venimos denunciando desde Ademys como la falta de alimentos en las canastas entregadas a las familias de jornada simple y la deficiencia de las mismas en las de jornadas completas, la no entrega de computadoras ni el servicio gratuito de conexión a internet.
Sin recursos no puede haber seguimientos. El Ministerio debe dar respuestas concretas y no redactar documentos donde lo único que intenta es imponer más trabajo a la docencia al mismo tiempo que congela sus salarios, sin responder a las urgentes necesidades económicas, higiénicas y pedagógicas de les estudiantes y sus familias.
